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lunes, 25 de febrero de 2013

La Casa del Aire, pionera en la lucha contra los desahucios

Artículo del periódico Diagonal sobre la Casa del Aire (por EDUARDO PÉREZ. 
25/02/13 )

GRANADA // EL 22 DE MAYO SEIS PERSONAS SERÁN JUZGADAS A INICIATIVA DE UNA INMOBILIARIA

Los vecinos de un edificio histórico del Albaicín han resistido durante nueve años los intentos de varias inmobiliarias para derruirlo y construir apartamentos de lujo.



Valor de cambio contra valor de uso. Negocios contra derechos. Esta pugna, que de forma mayoritaria suele acabar inclinándose hacia el primer factor, viene representándose desde hace nueve años en la Casa del Aire, edificio construido en el siglo XVII en el barrio del Albaicín (Granada) y que toma su nombre, según la versión, de su carácter de “casa de paso” entre un nivel y otro del empinado barrio o de las fuertes corrientes de aire que se dan en su interior, dada su localización.
En 2004, en la casa había 12 viviendas habitadas, en régimen de alquiler, y varios hermanos eran los propietarios. “No arreglaban nada, pero nos dejaban en paz, teníamos relativa libertad”, recuerda Clara Martínez, vecina del edificio desde 1989, para DIAGONAL. Ese año, los dueños decidieron vender la casa ante la oferta de alrededor de medio millón de euros realizada por la inmobiliaria Arrendamientos Puerta Elvira. Pese a que los anteriores dueños aseguraban que no habría problemas con los vecinos, pasó todo lo contrario: la inmobiliaria avisó de que en tres meses derribarían el edificio para construir 24 apartamentos de lujo. El mensaje a los vecinos, señala Martínez, era: “Los tontos se van a quedar hasta el final y no van a ganar nada, los listos cogen el dinerillo [el equivalente a los pagos de alquiler que les faltaban] y se van”. La mitad hizo las maletas y los “tontos” decidieron reocupar las viviendas vacías con gente afín y comenzar un proceso de lucha, en la calle, en las administraciones y en los juzgados, para conseguir la rehabilitación de la Casa del Aire y el mantenimiento de los alquileres, mientras que la inmobiliaria atacaba con cargos por “usurpación” para conseguir el desalojo.


La orden de derribo, indica Juan Medela, del colectivo Solidarios con la Casa del Aire, venía justificado por la declaración de ruina urbanística firmada por Valentín Rivas, técnico del Ayuntamiento, “que ni siquiera había visitado la casa, irregularidad habitual”. En 2005, consiguieron que las autoridades locales rectificaran e instaran a la inmobiliaria a rehabilitar, algo que finalmente tuvo que hacer el propio Ayuntamiento de forma subsidiaria ante el desinterés de la empresa. Arrendamientos Puerta Elvira, hastiada por la resistencia vecinal, optó ese mismo año por venderla a otra inmobiliaria, Edivara-Varasol-Dugra (el nombre ha ido variando dada su escasa popularidad), propiedad de Juan Rafael Fernández Pérez.
Éste tenía el mismo objetivo de negocio que su predecesora. “Entonces empezó lo duro”, comenta Martínez. Al nulo mantenimiento (“todo lo arreglábamos los vecinos”), las querellas por “amenazas” e “injurias” y la inexistente intención de diálogo (“nunca se presentaron”) sumaron otras iniciativas como la devolución de los alquileres que los inquilinos seguían pagando, el intento de cortar el agua, porrazos anónimos en las puertas a cualquier hora, carteles advirtiendo de que “derribarían las puertas”, etc. Fernández Pérez había adquirido la Casa del Aire, a pesar de la burbuja inmobiliaria, por poco capital más del que había desembolsado Puerta Elvira la primera vez, y en base a “su bravuconería seguramente pensara que ellos sí conseguirían el derribo”, indica Medela.
El árido proceso judicial se seguía desarrollando, y finalmente Fernández Pérez consiguió el desalojo cautelar, 15 policías mediante, de diez de las 12 viviendas. Quedaron en ella Martínez y Manuel Prieto, único vecino con contrato de alquiler indefinido, quien vivía en la Casa del Aire desde 1980.

Llega el 15M

Por aquel entonces, la Casa del Aire ya se había convertido en una de las luchas contra la especulación más emblemáticas del Estado español, yendo más allá del caso particular y abordando los problemas del barrio, involucrándose en otros movimientos urbanos y desarrollando jornadas sobre la especulación. Hay que recordar que el Albaicín es patrimonio de la Unesco, pero contrariamente a lo que se pueda pensar, según la militante del colectivo Belén Ferrer, “esto ha facilitado que se carguen el barrio, porque antes estaba abandonado y en los años ‘90 creció el interés especulativo”.
El 15 de mayo de 2011 supuso la conexión de esta lucha histórica con la marea rebelde, dándose una “retroalimentación”, explica Medela. El colectivo de solidaridad con la Casa del Aire confluyó con el nuevo grupo Stop Desahucios del 15M. Poco después, el contrato de Martínez concluyó y la policía acudió a desahuciarla. Fue el debut de la paralización de desahucios en Granada, que repetiría de nuevo en el segundo intento. A la tercera fue la vencida, con 12 horas de despliegue de antidisturbios para que Clara Martínez abandonara la casa.
Mientras tanto, debido a la insistencia solidaria, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento declaró el incumplimiento del mantenimiento del edificio por parte de la inmobiliaria de Fernández Pérez, por lo que ésta podría ser expropiada u obligada a la venta forzosa, pero según cálculos de técnicos del Ayuntamiento el proceso podría no terminar hasta 2015 o 2017. Por otro lado, la Casa del Aire ha conseguido que se acepte la primera querella por acoso inmobiliario en Andalucía, que está acabando su proceso de instrucción y gestiona el Grupo de Juristas 17 de Marzo.
Sin embargo, lo más urgente para la Casa del Aire es el juicio por “usurpación” y “coacciones” al que se enfrentan seis miembros del colectivo de solidaridad, para quienes la inmobiliaria solicita penas de varios años de cárcel, indemnizaciones e incluso órdenes de alejamiento. Se celebrará el próximo 22 de mayo.
Al conflicto de la Casa del Aire le queda aún mucho recorrido. Lo que sí se puede decir es que, nueve años después de que a una inmobiliaria se le ocurriese hacer dinero a costa de 12 vecinos, esto no ha ocurrido y no ocurrirá mientras Manuel Prieto, el último vecino, siga disfrutando de la vivienda en la que reside desde hace 33 años.

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